El ministro Jordi Sevilla anunció hoy que «la Ley de Administración Electrónica podrá estar aprobada a principios de 2008, aunque no entraría en vigor hasta 2009, y un año más tarde para las Comunidades Autónomas.«
Si bien el retraso no es beneficioso para nadie, al menos es un baño de realidad. La administración electrónica en España está muy lejos de los objetivos que la ley impulsa.
Evidentemente el sector privado a través del Consejo Asesor de Administraciones Públicas, ha hecho que el ministro note que es imposible asegurar todavía derechos como: (y cito el proyecto textualmente)
«2.1.- Derechos de los ciudadanos.
Se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las AA.PP. por medios
electrónicos. Este derecho incluye -en los términos que disponga la Ley – los siguientes:
… 2. A conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean
interesados.
3. A la utilización del DNI electrónico como mecanismo de identificación en cualquier
trámite telemático con cualquier Administración Pública…..»
Esto es sólo un ejemplo de una serie de enunciados, por cierto, muy valiosos, pero que hoy en día no son más que una expresión de deseos.